Más de 40 intendentes defendieron el derecho a fijar tasas ante la Corte Suprema

Foto de los intendentes que recorrió las redacciones
de la prensa nacional 

General Villegas (7/6/19) - La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública para resolver la demanda de la petrolera Axion contra el municipio de Quilmes por el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene, una decisión que podría afectar las cuentas de todos los municipios.

Desde las 10 de la mañana el Intendente Eduardo Campana junto a otros Jefes Comunales defendieron su derecho a fijar la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene a empresas instaladas en sus distritos, recaudación que equivale al 35% de los ingresos totales de los municipios bonaerenses.

En la audiencia pública participaron los Ministros de Justicia Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El juez Carlos Rosenkrantz se ha excusado de intervenir en la causa por haber representado a otra petrolera en el pasado a través de su estudio jurídico.

Los oradores principales fueron la empresa Axion; el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y su representante legal. Pero además hubo expositores bajo la figura “amicus curiae” y especialistas en la materia.

En la presentación judicial, Axion reclama por el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene a dos estaciones de servicio de su propiedad, entre 1996 y 2002, cuando funcionaba bajo el sello de Esso.

Según sostiene, con esta imposición la comuna "se apropió de recursos originados fuera de sus límites", y se superpuso con otros tributos provinciales, como el de Ingresos Brutos.

Los municipios, por su parte, aseguran que “Seguridad e Higiene es una de las tasas que mayores recursos les tributan, y una de las que mejor cobrabilidad registra”. Además, los jefes comunales aseguran que la legalidad del cobro de esa tasa ha sido convalidada desde hace muchos años "empezando por la Constitución provincial, siguiendo por la Ley Orgánica Municipal y llegando a toda la jurisprudencia de la Suprema Corte".

Más de 40 municipios, de todos los signos políticos, se presentaron bajo la figura de “amicus curiae”, entre ellos Eduardo Campana, para defender el derecho a cobrar una tasa que puede llegar a representar un tercio de los ingresos anuales de algunos distritos y otros, donde se radican grandes emprendimientos fabriles, refinerías y puertos, perderían todavía más.

Lo que está en juego es la sustentabilidad del sistema municipal pero la cuestión de fondo es respecto de la autonomía municipal, consagrada en la Constitución Nacional pero nunca formulada por la carta magna bonaerense.

Por un lado estuvieron los jefes comunales encabezados por Jorge Macri y el abogado cordobés Antonio Hernández, en representación de los intendentes de San Isidro, Lomas de Zamora, Hurlingham, Lanús, Morón, Ituzaingó, Almirante Brown, Tres de Febrero, La Plata, Pilar, Florencio Varela, San Miguel, Pigüé, Campana, Cañuelas, Azul, Bahía Blanca, Baradero, Carlos Tejedor, Coronel Suárez, General Arenales, General Lavalle, General Rodríguez, General Villegas, Junín, Lezama, Lincoln, Lobos, Partido de la Costa, Maipú, Mar Chiquita, Olavarría, Pergamino, Pinamar, Rivadavia, Rojas, Saladillo y Trenque Lauquen, todos de Buenos Aires.

También expuso el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que preside el PJ bonaerense. De ese lado se suman la Federación Argentina de Municipios (FAM), cuya titular es la kirchnerista Verónica Magario; el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal; el Centro de Estudios de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats), y la Asociación Civil de Estudios Constitucionales.

Enfrente las siguientes organizaciones empresarias: la UIA, la Copal, la CAME y la Unión Industrial bonaerense (UITBA).